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Ponentes:

•  José María Campos Gorriño, Director legal de la CEOE
•  Esther De Félix Parrondo, Socia de Cuatrecasas.
•  Alejandro Ferreres Comella, Socio De Litigation, Arbitration & Investigations en Linklaters, SLP
•  Manuel García-Villarrubia Bernabé, Socio de procesal en Uría Menendez
•  Juan Francisco Garnica Martín, Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona
•  Fernando Gascón Inchausti, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid
•  Natalia Gómez Bernardo, Socia de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
•  Javier Gutiérrez de Cabiedes, Director Asesoría Jurídica Contenciosa de Caixabank
•  Jesús Rodrigo Lavilla, Consejero Delegado de PLA Litigation Funding. Abogado del Estado excedente.
•  Cecilia Rosende Villar, Socia del Departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje de Garrigues
•  Julia Suderow, Abogada PhD, Socia fundadora de 3C Compliance
•  Diego Vicente Pérez, Socio del Departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje de Garrigues

Objetivos:Actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Una de sus finalidades es incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.En el Proyecto se contempla la creación de un procedimiento especial cuyas normas se incorporarán como un nuevo Título IV, en el Libro IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (arts. 828 a 885 LEC), que pretende abordar, de forma sistemática, todas las reglas procesales que requiere el adecuado tratamiento normativo de las acciones de representación, lo que supone una mejora con respecto a la situación de dispersión regulatoria vigente hasta el momento.Sin embargo, el sistema proyectado no está exento de crítica y de dudas que afectan a su ámbito de aplicación, a la atribución de la competencia objetiva para conocer de este tipo de acciones a los juzgados de primera instancia con independencia de la materia sobre la que versen, a la adopción del sistema de opt-out cuando del ejercicio de una acción resarcitoria se trate, al alcance de la audiencia de certificación y el papel que deberá adoptar el juez en este tipo de procesos, a la ejecución, a la posibilidad de transacción, al papel del liquidador, al control judicial del acuerdo de financiación, a los conflictos de interés pueden surgir en el contexto de la financiación de litigios, entre otras cuestiones.El objetivo de esta jornada será abordar los aspectos mencionados y otros de interés a lo largo de cuatro mesas que se centrarán en los aspectos clave de las acciones de representación.