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Ponentes:

•  Diego Pérez Martínez, Director de la División Jurídico-Institucional de la AIReF. Abogado del Estado. Consejero Académico de Fide
•  Antonio Ramón Rodríguez Castaño, Socio Director de Rodríguez Castaño Abogados, Letrado del Tribunal de Cuentas (EV)

Moderador:

•  Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid, Consejero Académico de Fide

Objetivos:La gestión pública de nuestros días plantea viejos retos que se compaginan con viejas problemáticas. Una de ellas es la capacidad de realizar el gasto público mediante un balance ordenado entre la necesidad de la eficacia – casi siempre ligada al tiempo- y las garantías del derecho público que, a menudo, se asocian a otros valores como la seguridad, la objetividad y, en general, el servicio objetivo al interés general.En este sentido, el reto que para los países europeos, en general, y para España, en particular supuso el otorgamiento de un conjunto de fondos de diversa índole y condición ligados, en gran medida, a la reconstrucción de los daños y las situaciones que se habían producido como consecuencia del COVID.La concesión de los fondos fue, sin duda, una enorme oportunidad de crecimiento y de desarrollo pero, como todos los procedimientos de administración, tienen unos plazos de ejecución y unas condiciones de aplicación y, en algún momento, llega el momento de rendir cuentas y de hacerlo puntualmente.En el momento actual, la Comisión Europea recuerda al conjunto de Estados que la ejecución de los Fondos tiene el límite temporal de 2026 y, por tanto, que las exigencias de los procedimientos internos de ejecución y rendición de cuentas tienen un límite temporal.España adoptó una norma específica para tratar de contribuir a la mejora y la optimización de los procedimientos. Se trataba del RDL 36/2020 que, junto con la normativa autonómica del mismo tenor, trataba de incidir en los problemas más comunes de la contratación administrativa.La sesión tiene por objetivo analizar el proceso de ejecución, la utilidad real de la norma específica e, incluso, plantear si algunas de las soluciones que se propusieron pudieran servir para un planteamiento más general que permita atajar algunos de los problemas que se vienen planteando en la normativa de contratos públicos.