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La protección del menor y sus derechos es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos. Existen diversos referentes normativos nacionales e internacionales que se encargan de conectar este marco de Derecho Internacional con realidades que atañen a los menores, tales como la convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos del niño o las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, también de Naciones Unidas. A nivel estatal, la conocida Ley Rhodes en el cuerpo normativo español supone un importante avance en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia Dentro del marco de sus actuaciones, las organizaciones pueden interactuar con menores bien sea directamente (ámbito educacional, deportivo, sanitario, jurídico, entretenimiento, ONGs) o indirectamente (en la relación con sus terceros en la cadena de producción). En este contexto, el menor se encuentro expuesto a múltiples tipos de violencia, como es el acoso sexual, acoso escolar, discriminación, explotación, pornografía infantil, maltrato físico o emocional, prostitución, entre otros.

Uno de los tipos de violencia más conocidos es el bullying o acoso escolar entre menores. Este problema creciente en nuestra sociedad y tiene innumerables consecuencias negativas para los menores: desde el estrés, la ansiedad, el aislamiento social e, incluso, en los casos más extremos puede llegar al suicidio. Los últimos datos recabados en el Informe Cisneros de 2006 de España establecían que más de un 25% de los niños habían sufrido en alguna ocasión acoso escolar, pero la falta de cifras actualizadas impide conocer el alcance real de un problema que se estima aún mayor. Esta cifra se estima que es superior en países latinoamericanos.

Adicionalmente, en muchos países de América Latina, los menores pueden enfrentar una serie de desafíos relacionados con la violencia, que incluyen la violencia doméstica, el abuso sexual, el acoso escolar, la explotación laboral, la violencia en las calles y la participación en pandillas. 

Por su parte, la violencia o acoso sexual arroja datos estadísticos similares, donde se estima que 1 de cada 4 menores de países desarrollados han sufrido algún episodio de acoso sexual durante su infancia. En general, los estigmas sociales, el miedo al rechazo o la sociedad digital son alguno de los componentes que no ayudan a evidenciar y actuar contra la violencia de menores