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Ponentes:

Iván Heredia Cervantes, Profesor Titular de Derecho internacional privado (UAM) y Asociado en Garrigues. Consejero Académico de Fide

Javier Yañez Evangelista, Socio de Uría Menéndez Abogados

Moderador:  Francisco José Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid. Consultor de Linklaters. Consejero Académico de Fide

Objetivos del ciclo de sesiones:

La reciente reforma del TRLC a través de la Ley 16/2022 ha incorporado cambios muy relevantes en la normativa sobre insolvencia internacional, que no se limitan al Libro Cuarto, sino que, por el contrario, se encuentran dispersos a lo largo de todo su articulado. Algunas de las novedades responden a la transposición de la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva e intentan acomodar la normativa internacional a las particularidades de los nuevos institutos preconcursales. Sin embargo, otras muchas tienen su origen en la necesidad de adaptar nuestra normativa interna a algunas de las soluciones previstas en el Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia ya que, aunque el mencionado instrumento exige a los Estados que complemente sus reglas, nuestro legislador aún no había cumplido este cometido.

La nueva regulación mantiene, con carácter general el principio de unidad de régimen entre el ámbito concursal y preconcursal, pero introduce relevantes especialidades en este último. Las novedades inciden en todos los sectores (competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento de procedimientos extranjeros, cooperación con autoridades de otros Estados) y se proyectan sobre aspectos de gran relevancia práctica.

El objetivo de este ciclo de sesiones es analizar de manera exhaustiva los cambios de mayor calado que se han introducido en nuestra normativa sobre insolvencia internacional, valorar su pertinencia jurídica y económica, intentar resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse y sopesar su incidencia de cara al reforzamiento de la posición de España como una “jurisdicción concursal” de primer nivel.