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Ponentes:

Lorenzo Avello López, Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones

José Ángel Capote Molina, Director de Marketing y Network Strategy de la unidad de negocio de operadores, Huawei España.

Elena De la Calle Vian, Consejera Técnica, Departamento de Seguridad Nacional, Gabinete de la Presidencia del Gobierno

Alberto Moreno Rebollo, Director de Regulación de Telefónica España

Moderador:  Javier Fernández-Samaniego, Consejero Académico de Fide

Objetivos: El 30 de marzo de 2022 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G que el Congreso de los Diputados convalidó el pasado mes de abril.Las razones que el Gobierno ha invocado para aprobar finalmente como Real Decreto-ley el Anteproyecto que se venía tramitando durante el pasado 20021, han sido la situación de conflicto internacional derivada de la agresión contra Ucrania y el elevado riesgo de ciberataques contra redes y servicios 5G ya desplegadas en nuestro país o con despliegue previsto para los próximos meses. Ahora bien, siendo el 5G no sólo una nueva generación de tecnología móvil sino uno de los pilares fundamentales para acelerar la transformación digital de la sociedad y la economía, la industria pide ser cautelosos para que se cumpla el objetivo de contar con un mercado de suministradores 5G diversificado (actualmente los principales suministradores son dos empresas europeas y dos chinas) y no estamos ante una situación como la del “gas ruso”.En esta sesión abordaremos tanto las cuestiones regulatorias, geoestratégicas y económicas que plantea esta norma y los principales afectados por el Real Decreto-ley nos darán su opinión sobre algunos de sus aspectos clave, como los análisis de riesgos a llevar a cabo, las medidas técnicas y de organización a adoptar, la posible calificación como de “alto riesgo” y de “riesgo medio” de los suministradores 5G y sus consecuencias, el contenido esperado del futuro Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G y, finalmente, sobre el régimen sancionador previsto en el Capítulo V.