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En 2018 se cumplen 70 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), principal instrumento internacional para el reconocimiento de los derechos y herramienta esencial para la construcción de ciudadanía global.

En las últimas décadas, la DUDH ha sido ampliamente comentada, discutida y complementada por otros compromisos que desarrollan algunos de estos derechos y establecen mecanismos de garantía. No obstante, y pese a la tarea continua de movimientos sociales y luchas ciudadanas, el escenario de regresión de derechos es, desgraciadamente, una realidad en todo el mundo.

Ante este escenario, las ciudades aparecen como un espacio de libertad, de desarrollo y de acogida de personas que buscan y desean un mundo mejor. La ciudad es hoy un espacio de encuentro y, por tanto, de posibilidades. Al mismo tiempo, también es el espacio donde se expresan con más crudeza las contradicciones y los riesgos. En el espacio urbano aparecen todas las desigualdades, como por ejemplo el desempleo, la pobreza, las violencias y las discriminaciones. En este contexto, la ciudad resurge como un recurso de un nuevo espacio político y social de democracia de proximidad.

Y hablamos de resurgimiento porque en diciembre de 1998, hace 20 años, se celebró ya en Barcelona la I Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos. Aquella conferencia reunió a más de 70 ciudades de todo el continente con el objetivo común de levantar la voz del municipalismo como la voz de la administración más cercana a la ciudadanía, que defiende, protege y garantiza los derechos de todo el mundo, en un marco, en ese momento, donde los compromisos internacionales de derechos humanos se decidían únicamente entre estados y donde las responsabilidades y los recursos no se compartían con las otras administraciones descentralizadas. En la Conferencia de Barcelona, el movimiento municipalista decidió adoptar una Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, donde se plasmaban, como compromiso político, pero también de forma jurídica y vinculante, las obligaciones de los entes locales.

En estos 20 años se ha consolidado este movimiento y actualmente se multiplican por todas partes los mecanismos municipales de garantía de los derechos, como los defensores del pueblo locales, y también se planifican, cada vez más, políticas locales de derechos humanos. Barcelona es un ejemplo especialmente relevante. Entre otros hitos, se ha conseguido establecer un servicio municipal de atención a víctimas de discriminación, se ha consolidado el discurso de las políticas de servicios sociales como políticas de defensa de derechos sociales y no de cobertura de necesidades, se ha empoderado el tejido asociativo de entidades de defensa de los derechos, con una cultura ciudadana claramente arraigada y consolidada…

Sin embargo, los derechos de muchas personas, especialmente de mujeres y de las personas migradas, continúan vulnerándose diariamente y los retos, como sociedad y como administraciones locales, son importantes. Muchas de estas vulneraciones son sistemáticas y responden a la configuración política mundial en estados-nación y al sistema patriarcal y neoliberal imperante.

El 2018 es, por consiguiente, un año de conmemoración, pero especialmente es un año de reivindicaciones. Es así porque 70 años después, 20 años después, vivimos un momento de retroceso de derechos en el que peligran los espacios protegidos y las conquistas sociales y en el que la ciudadanía global parece aún más lejana.

La movilidad humana, reconocida como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 70 años atrás, se encuentra hoy seriamente amenazada a causa de políticas migratorias criminalizadoras y discriminatorias. La llamada crisis de los refugiados en Europa ha llevado a los estados a justificar y profundizar en una serie de prácticas lesivas de derechos, como la externalización del control de fronteras o políticas de seguridad y de asilo cada vez más restrictivas. La llegada al poder de Trump en los Estados Unidos ha supuesto la imposición de vetos arbitrarios y discriminatorios de entrada al país, y ha puesto en el punto de mira a miles de dreamers, jóvenes migrantes que viven bajo la permanente amenaza de ser deportados. En este contexto, las ciudades se han convertido en agentes fundamentales de resistencia a las políticas migratorias y un nuevo actor global imprescindible para garantizar la cohesión social en un clima cada vez más hostil.

Por otro lado, la mitad de la población, las mujeres, continúan sufriendo desigualdades y violencias por el simple hecho de serlo. Siguen teniendo más dificultades para acceder al mercado de trabajo, a las posiciones de decisión y a una remuneración equitativa; continúan ejerciendo mayoritariamente las tareas de cuidados no remunerados; continúan estando infrarepresentadas en los espacios públicos y de poder, y siguen siendo agredidas y asesinadas por los hombres. Vemos, no obstante, que con movilizaciones globales como las del pasado 8 de marzo el feminismo ha entrado con fuerza como uno de los temas prioritarios de la agenda pública y política, forzando a diferentes actores sociales, económicos e institucionales a reconfigurar sus prácticas y políticas con una transversalidad de género.

En un mundo en el que el miedo y la inseguridad se están transformando en odio, y las desigualdades, la xenofobia y el autoritarismo están aumentando, los pueblos y las ciudades se están convirtiendo en actores globales de esperanza. Os proponemos, pues, una alianza global que sirva para construir un frente común desde el que podamos defender la plena ciudadanía, los feminismos, los derechos humanos y la democracia.