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Este congreso se enmarca en el proyecto PRY094/17, “El acceso de las mujeres andaluzas a las profesiones jurídicas. Ausencias y presencias”, financiado por el Centro de Estudios Andaluces (CEA).

Las profesiones jurídicas han estado particularmente ligadas al ejercicio y visibilización del poder social, y sirven para gestionar los ámbitos de la legalidad y la ilegalidad, y por lo tanto, los ámbitos del control y del castigo. La circunstancia de que las mujeres tuvieran denegado el acceso a los estudios jurídicos y a las profesiones jurídicas significaba que quedaban fuera del ejercicio de este control, mientras que la limitación de su capacidad de obrar, paralela a estas restricciones en su acceso al trabajo, evidenciaba que eran parte de los sujetos sometidos a ese control.

Actualmente, se habla de un incremento de la presencia de las mujeres en casi todas las profesiones jurídicas hasta el punto de sugerirse que estamos ante la feminización de la justicia. Pero esta feminización se refiere a los puestos básicos, no a los de responsabilidad. A pesar de los cambios que trajo la llegada de la democracia, las mujeres juristas siguen afrontando el estereotipo de su menor racionalidad y fiabilidad técnica, y de su conformación biológica para el cuidado de la especie, por lo que son ellas las que siguen estando más afectadas por los problemas derivados de la conciliación de la vida laboral y familiar.

A los efectos de este congreso, entenderemos por profesiones jurídicas aquéllas que exigen titulación en estudios jurídicos superiores para su ejercicio, como la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la procura, la abogacía, registros y notarías, o la docencia e investigación en Derecho en universidades.