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El pasado 14 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de la misma fecha, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en aplicación del artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad, como la que vivimos.A consecuencia de dicha norma, se han dictado otras de desarrollo por el Ministerio de Justicia, así como acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, normas de las Comunidades Autónomas y acuerdos de los órganos de gobierno interno de los juzgados y tribunales, para regular el efecto que el estado de alarma ha de producir en la Administración de Justicia, en una delicada armonización del ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces y magistrados y del servicio público de la Justicia, con las restricciones inherentes a tal medida constitucional de carácter excepcional.Con este objetivo, Fide ha decidido convocar tres sesiones, que se celebrarán telemáticamente los días 1, 8 y 15 de abril, de 16:00 a 17:30 horas.En la sesión del 1 de abril se pretende estudiar el referido cuadro normativo y sus consecuencias (procedimientos afectados por la declaración del estado de alarma, suspensión de los procesos, servicios esenciales de la Administración de Justicia mantenidos, medios personales y materiales con los que hacer frente a los mismos, medidas de protección o prevención aplicables para atenderlos, acceso a las sedes judiciales de profesionales y ciudadanos, posibles actuaciones a practicar de forma telemática, forma de presentación de escritos o procedimientos urgentes y, en general afectación a los actos procesales del tribunal y las partes).En las sucesivas sesiones pretendemos tratar, por una parte, los conflictos interpretativos de naturaleza procesal provocados por la declaración del estado de alarma en todos los órdenes jurisdiccionales, aunque, especialmente, en civil y mercantil, en lo que atañe al ámbito concursal, al derecho de obligaciones, a los procedimientos hipotecarios o, en fin, al derecho de familia.Por último, se abordarán otros problemas derivados de la declaración del estado de alarma, concretamente, referidos al cumplimiento de las obligaciones y al ejercicio de las acciones una vez superado el mismo, teniendo en cuenta la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, etc.En cualquier caso, a través de estas sesiones se abordarán cualesquiera conflictos interpretativos provocados en la materia por esta situación esencialmente dinámica y cambiante.