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La normativa española y la directiva 2003/88, impone a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores. Lo que significa que las empresas españolas deberán tener un registro exacto de las horas que realiza cada trabajador, un sistema que permitiría a los organismos públicos investigar si se han producido abusos. A su vez, a los trabajadores les permitirá tener una prueba en procesos judiciales contra sus empresas. Dª Carmen Fernández comentará la realidad actual de esta legislación y cómo aplicarla eficazmente en todo tipo de organizaciones.