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Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, establecen la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes mediante prueba preconstituida con un triple objetivo: a) garantizar la seguridad del menor en un entorno adaptado a sus necesidades evitando la victimización secundaria, b) obtener un testimonio de la mayor calidad y cantidad posible utilizando estándares y protocolos validados empíricamente y c) respetar escrupulosamente las garantías jurídicas que la conviertan en prueba judicial grabada y válida para reproducir en el momento del juicio.

El ordenamiento jurídico recoge, sin límite de edad y con la única restricción motivada cuando sea contrario a su interés superior, el derecho de los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) a ser escuchados, asegurando que el proceso sea accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. También regula el derecho de las y las menores víctimas de violencia a una atención integral que supone el acceso a medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación teniendo siempre en cuenta el objetivo de evitar la victimización secundaria. Especialmente se promueve la atención psicológica y psiquiátrica si se requiere para el NNA y su unidad familiar, apoyo formativo, acceso a redes y servicios públicos, acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales; medidas que han de ser cumplimentadas de forma coordinada, con un enfoque inclusivo, en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado al NNA.

En este contexto legal, Euskadi ha optado por la implementación de un modelo integral de atención a la infancia y adolescencia en materia de abusos sexuales hacia NNA de tradición norteamericana y extendido a Europa, especialmente países nórdicos, conocido como modelo Barnahus en el que, de una forma interdepartamental e interinstitucional, se integran los diferentes servicios y recursos destinados a la atención de los NNA.

Con esta regulación y estas prácticas contextualizadas en Euskadi, entrevistar a NNA, bien sea desde el punto de vista de las medidas a adoptar en cuanto a su protección integral, bien como declaración judicial, se convierte en un reto que requiere de una formación especializada, de metodologías y del entorno adaptado.

La entrevista forense que se realiza para la prueba testifical preconstituida de NNA es atribuida en Euskadi, al Equipo Psicosocial Judicial. La entrevista exploratoria, que pretende obtener la mínima información directa del NNA evitando la sugestión y por ende la contaminación de la huella de memoria, tiene lugar, en cambio, desde el ámbito de la protección de las y los menores, educativo, de la salud, etc. y está encomendada a los correspondientes servicios. En ambos casos se promueve un modelo integrado en el sistema Barnahus para cuyo desarrollo utiliza como pilares fundamentales la capacitación de la persona entrevistadora en protocolos de entrevista forense y exploratoria basados en la evidencia empírica (especialmente los protocolos NICHD así como los protocolos de los National Children’s Advocacy Centers).

Pero… ¿Cómo entrevistar a un NNA que ha sufrido algún tipo de violencia? ¿Puede un preescolar de corta edad describir sus experiencias con la amplitud y precisión que se requiere? ¿La inclusión de detalles fantasiosos invalidarían todo el relato? ¿Cómo influyen las preocupaciones de las personas cuidadoras principales en el comportamiento de un niño/a que testifica? El presente espacio formativo pretende avanzar en la unificación de estándares y buenas prácticas basadas en la evidencia que mejoren la obtención y valoración de los testimonios de NNA y de personas con Discapacidad Intelectual. que han sufrido algún tipo de violencia.