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La sociedad es cada vez más consciente de las diferencias entre las personas, y de la necesidad de amparar a aquellos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Dicha necesidad se acrecienta cuando dichos colectivos vulnerables se ven inmersos en un proceso penal, en el que puede llegar a estar en juego el derecho fundamental a la libertad. Es primordial luchar para que cada persona comprenda el alcance de las consecuencias de sus actos; de lo que supone estar incurso en un proceso penal; de respetar sus diferencias respecto de la generalidad. Y ello no con un sentido paternalista de protección, sino de justo amparo de sus derechos, buscando mecanismos de corrección y modulación.

Pretendemos explorar el contenido de los derechos en el proceso penal desde esta otra óptica. El actual funcionamiento del proceso penal puede vulnerar los derechos de las personas con un lenguaje y capacidad de comprensión distintos a los de la generalidad: menores, personas con discapacidades físicas y/o psíquicas, colectivos minoritarios, gitanos, extranjeros, víctimas…

Por ello consideramos de extraordinario interés visibilizar a estos grupos de personas vulnerabilizables, y de hacer el proceso penal más equitativo, aceptando sus diferencias y limitaciones. Buscamos y exploramos herramientas para realizar los ajustes necesarios en los procedimientos penales para que estos sean no sólo más justos, sino más equitativos.