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La exposición de motivos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, define el derecho a disfrutar de una vivienda como una necesidad vital para el ser humano. No en vano, condiciona el disfrute de otros derechos esenciales como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos/as y acompañarlos en su desarrollo vital, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más, que reiteradamente se han puesto de relevancia tanto por la doctrina más autorizada como por los propios tribunales de justicia.

El derecho a la vivienda incorpora, además, una dimensión ética que debe tenerse presente a la hora de calificar una vivienda como digna dada su importancia para superar problemas como pobreza infantil, perpetuación generacional de la exclusión social o la imposibilidad de acceso por pertenecer a colectivos que sufren discriminación (minorías étnicas, religiosas, personas con problemas de salud mental, etc…).

Cuando por las razones que sean las personas no disponen de una vivienda adecuada, especialmente para los casos más graves, las administraciones públicas han de coadyuvar a ofrecer una alternativa habitacional adecuada en aquellas situaciones que podrían calificarse de emergencia habitacional.

En ocasiones, estas situaciones se producen como consecuencia del impago de la hipoteca o del alquiler, pudiendo llegar al desahucio judicial en los casos más extremos.

Las administraciones vascas han abordado programas, iniciativas y convenios interinstitucionales enfocados a minimizar las consecuencias de las situaciones de emergencia habitacional más graves para las personas afectadas y sus familias.

Esta preocupación ha llegado incluso a materializarse normativamente posibilitando en supuestos acreditados de vulnerabilidad social, la adjudicación de una vivienda de protección pública de manera extraordinaria.

El Curso de Verano del Ararteko pretende fijar el foco de atención en situaciones concretas a las que se pueden ver abocadas las personas, analizándose el desafío que supone la puesta a disposición de una alternativa habitacional para estos casos más graves, conocer las políticas públicas dirigidas a paliar las situaciones de las personas sin hogar, así como debatir en torno a las dificultades de las personas con precariedad residencial para el acceso y mantenimiento de una vivienda.

Al análisis de estas situaciones se aplicará un triple abordaje: jurídico, ético y social, y se reflexionará acerca de las posibilidades de intervención de los poderes públicos vascos para aportar soluciones en un escenario de dificultades de acceso a la vivienda y de escasa disponibilidad de vivienda pública.

También está orientado a detectar factores clave en la atención a las personas con necesidades de vivienda, especialmente en situaciones de urgencia, mediante la intervención de los servicios sociales municipales, la aplicación de algunas soluciones provenientes de los procedimientos de adjudicación extraordinaria, las relaciones y coordinación entre administraciones y la derivación a los recursos especializados, así como el diálogo con otros agentes y con la propia comunidad.

En suma, mediante las aportaciones de personas expertas y de representantes de las administraciones y de las organizaciones sociales, se persigue analizar las fortalezas y debilidades del modelo de atención a las necesidades de vivienda en estas situaciones.