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La inminente reforma de nuestro ordenamiento jurídico para su adaptación a los principios de la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad va a ser una de las reformas más importantes tanto por su alcance –afecta al Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria, Ley Registro Civil– como por su calado humano, al establecer un nuevo régimen jurídico para las personas con discapacidad intelectual.

La modificación normativa está inspirada en el respeto a la dignidad humana de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales y en el respecto a la libre voluntad de las personas con discapacidad.

La idea central del nuevo modelo es la del apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que tradicionalmente se ha llamado capacidad de obrar.

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