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Cuando el proceso no es más que una mera sucesión de actos procesales sin ninguna razonabilidad, donde la imparcialidad e independencia del juzgador sean una farsa, donde el sentido humano y social del proceso se haya perdido o nunca haya estado presente, donde la decisión tomada por el juzgador sea injusta, o cuando siendo justa no es efectiva ni oportuna; entonces, la libertad y el bienestar de las personas se encontrarán severamente amenazados dándose las condiciones para el ejercicio ilegítimo de la fuerza, con el consiguiente peligro para la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana.

Por eso, ¿qué es el proceso justo?, ¿cuáles son las exigencias que se derivan de su contenido?, ¿cómo incide esta perspectiva en el derecho a probar?, ¿qué elementos delimitan la admisión, actuación y valoración probatoria? Estas son algunas de las interrogantes que se debatirán y atenderán en el curso. Para ello, abordaremos la teoría jurídica del proceso justo y del derecho a probar, a través de una metodología de análisis de lecturas y solución de casos prácticos. Corresponde preguntarse cómo debe ser configurado el proceso –tanto en el plano teórico como en su operatividad práctica– en un Estado de Derecho que se precie de serlo. Con esta aproximación abordaremos el derecho a probar, analizando cada uno de los elementos que lo integran, desde el derecho a ofrecer medios probatorios hasta el derecho a que sean valorados en forma adecuada y motivada, como elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo. Ello generará consecuencias importantes al momento de delimitar su contenido, interpretar los límites a su ejercicio y resolver los eventuales conflictos que puedan presentarse, al concurrir en un caso concreto con otro elemento del proceso justo, con otro derecho fundamental o con otro bien jurídico constitucionalmente protegido.