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Ponentes:

•  Francisco Javier García Ruiz, Vocal Director de la División de Análisis Económico y Evaluación de los Contratos de Concesión de la OIReScon. Vicepresidente del Pleno de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE)
•  Alejandro Jiménez Marconi, Director de la Comisión Jurídica y Económica de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES). Director servicios jurídicos Aguas de Barcelona.
•  Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid, Consejero Académico de Fide

Moderador:

•  Diego Pérez Martínez, Director de la División Jurídico-Institucional de la AIReF. Abogado del Estado. Consejero Académico de Fide

Objetivos:Los contratos de concesión son un instrumento fundamental para asegurar la construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras así como la prestación de servicios estratégicos, y constituyen la principal modalidad de colaboración público-privada.La relevancia económica de estos contratos y su importancia estratégica motivó la aprobación de la primera Directiva comunitaria relativa a las concesiones, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017, de Contratos del sector público.A finales de 2023 la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha aprobado el Informe especial de supervisión relativo a los contratos de concesión en 2022. En dicho informe se constatan algunas deficiencias del sistema concesional español (concurrencia limitada, alto porcentaje de licitaciones desiertas, incumplimientos normativos de los órganos de contratación, etc). Asimismo, se realizan algunas recomendaciones que pueden contribuir a una mejor configuración de los expedientes de proyectos concesionales.El objeto de la presente sesión es analizar, desde una perspectiva práctica, el estado de situación del sistema de concesiones públicas en España, así como examinar si existe un margen de mejora a través de modificaciones normativas y de buenas prácticas a seguir por los gestores públicos y demás operadores económicos.