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La declaración del estado de alarma y el régimen llevar de confinamiento de la población que las autoridades han impuesto en España han planteado dudas y críticas en cuanto a su adecuación en la Constitución. La gestión de la crisis sanitaria obliga a cuestionarse hasta qué punto la protección de la salud pública permite limitar derechos fundamentales, en una situación de confinamiento o en las medidas de control de la población que se anuncian para posteriores etapas.