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Las recientes reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente, la de Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesal, junto con la introducción de nuevos tipos penales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establecen un abanico de herramientas, y delitos, en el ámbito de la ciberdelincuencia que afectan, directamente, a su vertiente procesal. El avance en las comunicaciones que está suponiendo el desarrollo de la tecnología ha dinamitado el paradigma clásico de delincuencia, y la investigación criminal debe centrar sus esfuerzos en la obtención de pruebas e indicios en la comunicación, sin perder de vista el marco legislativo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y, por supuesto, la protección de los derechos de los investigados. Los delitos cometidos a través de las redes son cada vez más frecuentes, y si bien no todos merecen el tratamiento de ciberdelincuencia, guardan en común un mismo denominador: el uso de la tecnología. La Jornada pretende ser un foro de reflexión donde operadores jurídicos, jueces, fiscales, investigadores criminales, abogados y estudiantes de derecho  reconozcan la situación y se genere debate sobre las posibles soluciones. La realización de un taller de seguridad en la red evidenciará la realidad de la incidencia de la tecnología en la dinámica criminal y los peligros a los que se expone al individuo. El marco procesal donde se mueve la investigación, constituye, finalmente, el elemento vertebrador del enjuiciamiento de este tipo de delitos. En definitiva, la jornada ofrece una visión global desde la ejecución del delito hasta su enjuiciamiento.