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Durante el último tercio del siglo XX y en lo que va transcurrido del siglo XXI hemos experimentado una serie de cambios abruptos y vertiginosos, lo cual ha propiciado la superación de los esquemas y paradigmas tradicionales, de tal manera que el progreso y bienestar alcanzados en nuestros días se enfrenta ante el reto nada desdeñable de ser sostenible en el tiempo. Y ello a pesar de la contradicción en los términos que representa, por un lado, una población en continuo crecimiento; y, por otro, unos recursos limitados que deben ser sabiamente administrados para el mayor número de personas y con la mayor calidad posible. Surge así la necesidad de pergeñar una nueva concepción socioeconómica que permita conciliar y reajustar los desequilibrios que la sociedad del bienestar y de la abundancia van dejando a su paso.

En efecto, emerge el reto de hacer viable y compatible el bienestar de los hombres con una sociedad sostenible en la que impere la justicia y cuyo objetivo supere el mero consumo material, más aún cuando el crecimiento económico no resulta ilimitado en un mundo que atesora recursos finitos.

De ahí la conveniencia y oportunidad de celebrar el Día Mundial de la Justicia Social, señalado en el calendario cada 20 de febrero, en su anhelo de emprender la cruzada contra la pobreza, precarización del empleo, desigualdad entre sexos y situaciones de exclusión que ponen en riesgo el acceso al bienestar social y la aplicación de la justicia social entre los seres humanos.

Y es que la justicia social constituye una premisa ineludible en la consecución de una convivencia pacífica y próspera como base en la promoción del desarrollo sustentable y la puesta en valor del respeto a la dignidad humana.

Relacionado con la justicia social es el tema de la integración e inclusión de los colectivos de personas, un tópico de amplio espectro y más que palpitante actualidad. Tanto es así que la dimensión social y jurídica del problema se encuentran claramente interrelacionadas.

En el ámbito del Derecho, podemos referirnos a personas con discapacidad psíquica, así como también a menores que, merced a su especial debilidad jurídica, cuentan con dificultades añadidas para poder hacer valer sus derechos, entre ellos la defensa de sus intereses en el desenvolvimiento de su vida cotidiana.

Sin embargo, el carácter expansivo de los términos “integración” e “inclusión” ante situaciones de debilidad propicia que su radio de acción extienda sus linderos hacia una vertiente socioeconómica y cultural cada vez más preocupante, que presenta realidades alarmantes e inquietantes en nuestro entorno, ante las que no podemos permanecer impasibles. Entre ellas y, sin ánimo taxativo, el incremento del número de personas en riesgo de exclusión social, con grandes dosis de marginalidad crónica difícilmente superable; el fenómeno migratorio con los múltiples aspectos colaterales implicados; las víctimas del terrorismo; la condición de consumidor como último eslabón de la cadena productiva; e, incluso, la longevidad y envejecimiento de la población, añadida a la gestión pública de la situación de dependencia que sufren los ancianos.

Vemos, pues, que nos hallamos ante situaciones de sombras alargadas, que motivan y recomiendan el debate y la reflexión desde un punto de vista académico a los fines de obtener propuestas útiles desde sus más variadas aristas.

Concretamente, se abordarán algunos aspectos relacionados con la integración e inclusión desde una perspectiva jurídica, en cuestiones atinentes a la discapacidad; educativa, tomando en cuenta el tópico de los colectivos en riesgo de exclusión social; y multicultural, en una vertiente amplia del fenómeno global de la multiculturalidad.

Una de las finalidades últimas de esta I Jornada sobre Justicia Social consiste en instaurar estas Jornadas anuales con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, de manera que cada año se vayan abordando determinados temas imbricados con la justicia social desde sus más diversas, novedosas y sugerentes perspectivas.

Así pues, mediante la Jornada que aquí presentamos se contempla la integración e inclusión desde una visión extensa, teniendo en cuenta tanto su óptica tradicional, como las nuevas realidades, bajo el análisis jurídico y social; y, precisamente, es ahí donde radica su mayor interés, al agrupar un carácter multidisciplinar, poliédrico y plural, sobre el entendido de que, en lo que a la academia respecta, la suma de criterios, cual caleidoscopio, enriquece la reflexión, a través del intercambio de ideas, planteamientos y modos de afrontar los problemas suscitados. Todo ello con la finalidad de crear opinión, plantear propuestas y avanzar en la búsqueda de soluciones que contribuyan en la mejora de nuestra vida cotidiana.