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El 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad, que transpone la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 y sustituye el Real Decreto Ley aprobado en 2017, incluyendo nuevas exigencias para las empresas.

Esta norma obliga a reportar sobre las políticas ambientales, sociales, de personal y gobierno, desde el 1 de enero de 2018 y es de aplicación a las juntas de accionistas que se celebran ya este mismo año, lo que obligará a muchas sociedades a adaptar sus memorias anuales para incluir la información no financiera.

Están obligadas a aportar esta información no financiera -con carácter inminente- las sociedades de capital y las empresas de más de 500 trabajadores que formulen cuentas consolidadas. Para 2021 se amplía también a las empresas con más de 250 trabajadores que durante dos años hayan superado los 20 millones de activos o cuya cifra de negocio haya rebasado los 40 millones.

La Ley detalla la información que debe reflejarse en cinco ámbitos: medio ambiente, social y personal, derechos humanos, corrupción y soborno y sociedad. Incluirá una descripción del modelo de negocio (entorno empresarial, organización, mercados donde opera, objetivos y estrategias, y los grandes riesgos vinculados a su actividad). Debe incorporar indicadores clave de resultados no financieros que permitan el seguimiento y la evaluación de los progresos y que favorezcan la comparación entre sociedades y sectores.

Hasta ahora, la estructura del reporte financiero siempre ha tenido un respaldo legislativo sólido basado en normas contables a nivel internacional pero no ha ocurrido lo mismo con la información no financiera, cuya elaboración ha estado basada en ‘modelos’ de diversas entidades, como GRI o IIRC, lo que suscita dudas razonables.

La nueva Ley puede ser una oportunidad para aumentar la transparencia, confianza y credibilidad ante los diferentes grupos de interés, pero al mismo tiempo aumenta la labor de los gestores encargados de recabar la información, en ocasiones, sensible.

Para explicarnos su alcance e implicaciones contamos con la colaboración de Javier Lueje, Socio de Consultoría y Tecnologías de la Información y Mikel Zuaznabar, Socio de Auditoría y Consultoría Económica, ambos de la firma de Servicios Profesionales PKF Attest.