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Los riesgos de irregularidades ocasionan daños financieros y pérdidas de reputación enormes. La prevención debe ir acompañada de un sistema interno de detección prematura. Sin embargo, hasta hace pocos años ha habido una dejadez por parte de empresas y administraciones respecto la canalización de las alertas y la protección de los denunciantes.

 

El panorama puede cambiar tanto a nivel nacional como internacional. En el caso español, está en trámite la Ley de lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, y en el plano europeo, la Comisión Europea publicó en la primavera de este año -en concreto el 23 de abril de 2018-, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea y, que debería debatir en poco tiempo en la Eurocámara. Esta iniciativa hay que enmarcarla en la lucha contra las actividades ilegales (corrupción, fraude, mala praxis, negligencia) tanto en el interior de las organizaciones públicas como en las privadas. Para ello, establece y conforma normativamente un "estatuto legal de protección del denunciante" con el objetivo de aumentar la protección de los trabajadores. Como es conocido, el canal de denuncia forma parte de los programas de cumplimiento, que a su vez tienen como propósito central la prevención y la detección de irregularidades así como de las malas prácticas contrarias a las obligaciones del compliance. De esta falta de cultura de cumplimiento, pueden generar responsabilidades tanto para el sujeto infractor como para la persona jurídica.

Los cambios que implicarán estas normas -especialmente la Directiva europea- para las organizaciones deportivas, por ejemplo, no serán precisamente menores. Así, por ejemplo, obliga a las empresas privadas con más de 50 trabajadores -o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, - a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento para gestionar las comunicaciones y denuncias recibidas, con fijación de un plazo de 3 meses para dar respuesta o resolver el incidente.

 

Este es el marco sobre el que girarán las intervenciones en la jornada

 

"ALERTADORES, CANALES DE DENUNCIA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO" en el que participarán expertos que aportarán tanto la visión más teórica como la más práctica respecto de la necesidad y gestión de las alertas a través de los canales de denuncia.

El programa de la jornada incluye la participación de expertos que analizarán la cuestión desde el plano normativo y filosófico, pero también expertos que: a) han sido «alertadores» y b) que están implantando canales de denuncia en administraciones públicas y empresas privadas.

El destinatario de las jornadas será tanto el profesional de la abogacía que pretenda estar al tanto de las novedades legislativas y que pretenda ejercer de compliance officer, como las empresas y administraciones públicas que estén pensando en implantar estos canales de denuncia.