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El objetivo nacional de alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable en 2050 y, en la Comunidad Valenciana, la aspiración de llegar hasta 6.000 MW en centrales fotovoltaicas y 4.000 MW en eólicas en 2030 conforme a la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía, han llevado a la reciente aprobación una regulación estatal y autonómica que buscan dar satisfacción a tales metas mediante la implantación de instalaciones de plantas de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables solar y eólica, las cuales han cobrado mayor relevancia tras los efectos de la pandemia provocada por el virus de la Covid-19 y, aún más todavía, tras el conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias en los precios de la energía para empresas y la ciudadanía en general.

El adecuado establecimiento en el territorio de estas infraestructuras y, en definitiva, la conciliación entre intereses públicos esenciales como el abastecimiento energético en condiciones óptimas para los ciudadanos, el respeto al medio ambiente y el principio del desarrollo urbanístico sostenible es un reto que han de afrontar con rigor y seriedad tanto las Administraciones Públicas responsables de la aprobación de los correspondientes proyectos, como los operadores privados que los promueven y, no menos importante, en el plazo previsto.

Desde Cuatrecasas consideramos que el actual es un momento idóneo para reflexionar sobre todas estas cuestiones en particular en la Comunidad Valenciana.