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La digitalización de los servicios públicos y de la actividad administrativa se presenta como el objetivo clave en la estrategia europea, planteada en la decisión de la Comisión y el Parlamento europeos a finales del año 2022. Así, ya desde el año 2015 se inició el proceso para la implantación de los medios electrónicos en la actividad administrativa, mientras que ya en abril de 2021 se culminó con la obligación, impuesta a todas las administraciones públicas, de implantar todos los mecanismos electrónicos y telemáticos que posibilitasen el registro de documentos, el archivo y la tramitación de procedimientos mediante internet. Esta nueva fase plantea retos de enorme importancia para el Derecho en general y el Derecho Administrativo en particular. Así, la regulación debe garantizar que la relación entre las administraciones públicas y las personas es segura, fiable y que está basada en la autenticidad y la confidencialidad de los procedimientos.

En general, se suscitan interrogantes en torno a si el uso de herramientas informáticas entorpecerá o facilitará la comunicación e interacción con las administraciones, especialmente en los casos de las notificaciones, el registro de documentos o la representación. Asimismo, no puede ignorarse la necesidad de que las administraciones instruyan y guíen a las personas para el logro de una digitalización efectiva.Por otro lado, cada vez son más los procedimientos administrativos que se deciden por mecanismos de inteligencia artificial. La contratación pública, los procesos de selección y, sobre todo, la concesión de ayudas, se llevan a cabo empleando herramientas tecnológicas que prescinden total o parcialmente de la intervención del ser humano.

Todo ello plantea nuevos problemas, relativos a la responsabilidad de la Administración, la motivación de las decisiones y la transparencia de los instrumentos tecnológicos y matemáticos que permiten adoptar soluciones.

A su vez, la inteligencia artificial suscita controversias en torno al uso de datos personales de forma indiscriminada y contribuye a la creación de perfiles que, al margen de distorsionar la información sobre las personas o el mundo, colisionan con la normativa sobre protección de datos. ¿No deberían establecerse límites en cuanto al uso de este tipo de tecnologías o habilitarse medidas para dirimir responsabilidades o definir el alcance de las decisiones que adoptan este tipo de herramientas digitales?

Las jornadas tendrán por objeto responder todas aquellas preguntas. Serán de interés para las personas que trabajan en la Administración, así como para operadores jurídicos que desempeñan su labor en ámbitos tan dispares como la protección de datos, la contratación administrativa, las ayudas sociales o la responsabilidad de la Administración.

Os esperamos

Natxo Cubero Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea e investigador principal del proyecto ELEKTRODAT.