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La función jurisdiccional radica en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es el cometido esencial que se atribuye a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado. Puede afirmarse que los órganos judiciales, resolviendo en el ámbito de sus competencias, representan la última garantía de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en las leyes.

El sistema judicial en su conjunto y en particular el Tribunal Supremo, en el que culmina su organización, constituye un imprescindible elemento vertebrador del Estado en la medida en que a través suyo se asegura la observancia del estado de derecho y mediante la jurisprudencia que crea, fija la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico que, por su propia fuerza vinculante, determina la unidad de actuación de los Juzgados y Tribunales.

Surge así la seguridad jurídica que permite predecir cuál vaya a ser la respuesta judicial ante casos análogos, de manera que los interesados puedan adoptar sus decisiones sabiendo de antemano las consecuencias de las mismas.

Una Justicia justa por definición, de calidad, garantista, fiable, eficaz y predecible en sus resoluciones, constituye un factor de primer orden a tener en cuenta por los actores del ámbito empresarial y, en general, por quienes vayan a acometer iniciativas inversoras sobre todo las que procedan del exterior, para quienes la falta de estas garantías de estabilidad puede producir efectos disuasorios.

Para desarrollar la idea rectora del Curso, esto es, que una correcta Administración de Justicia incide de modo decisivo en la competitividad económica de cualquier país, se cuenta con la intervención de personalidades del mundo jurídico y económico cuyo prestigio garantiza el buen fin de las Jornadas que, como en ocasiones anteriores, se pretende que sean no solo formativas sino entretenidas también; con cuyo logro los organizadores dan por bien empleado el tiempo invertido en su preparación.

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