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Ponente: Álvaro López De Argumedo, Socio, Uría Menéndez

Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo Académico de Fide.

En la actualidad el peso del Sector Público no sólo no ha disminuido, sino que se ha ensanchado respecto a décadas anteriores, pasando de un 30% en 1980 a un 41% del PIB actualmente. Al margen de su importancia cuantitativa, la adecuada gobernanza de sus instituciones (un “better goverment”) es clave para la reputación global del país y para cómo se percibe, tanto por sus propios ciudadanos como desde el exterior.La actual Administración española difiere significativamente de la del siglo pasado, y algunos de los servicios públicos que se prestan a través de ella se encuentran entre los más avanzados del mundo. Ejemplo de ello son la Administración Sanitaria, con una calidad hospitalaria muy por encima de la media europea, los Servicios de Seguridad o, en un ámbito distinto, la Administración tributaria, con un elevadísimo componente tecnológico y un avanzado tratamiento masivo de la información. Sin embargo, las estructuras de la Administración deben ser más ágiles y los procedimientos administrativos no siempre han evolucionado al mismo ritmo que los de la sociedad. En ello influyen tanto la falta de adecuados incentivos de mejora, como los denominados “rent-seekers” (capturadores de rentas).La Administración no es una estructura independiente de la sociedad a la que sirve, sino que está fuertemente condicionada por el contexto socioeconómico, tecnológico o político. Para observar y adelantarse a la evolución de todos estos aspectos es necesario un liderazgo político, pero también un liderazgo a más largo plazo dentro de la propia Administración. Buscamos Administraciones y funcionarios líderes, con alta autoexigencia y que se adelanten a los problemas, que contribuyan a las iniciativas de los ciudadanos, y que den soluciones a problemas globales ajenos en ocasiones a ellos. Y, al mismo tiempo, que respeten el individualismo y favorezcan la competitividad de la sociedad, clave de cualquier mejora social.El concepto de “Open Goverment” es usado por la OCDE y avanza precisamente en esta línea, tratando de alinear tres factores clave: la transparencia en la gestión de los recursos públicos (concepto que debe centrar en el diálogo e interactuación con los ciudadanos); la accesibilidad de los servicios para cualquier persona y en cualquier lugar; y una adecuada capacidad de respuesta a las nuevas ideas y demandas que surjan en la sociedad.Los retos a los que se enfrentará la Administración del futuro, y que condicionarán los servicios a prestar, son muchos y complejos, pero podemos tratar de agruparlos en los siguientes: Retos demográficos y de envejecimiento; Retos tecnológicos; Retos migratorios; Retos de movilidad y conectividad entre territorios; Retos ambientales; y Retos de sostenibilidad presupuestaria.Con el objetivo de comprender estos retos, el presente ciclo, que podrá desarrollarse posteriormente a través del Grupo de Trabajo bajo el mismo título, se compone de tres sesiones iniciales.En la primera de ellas se analizarán los retos demográficos en las próximas décadas, y cómo la alteración de la pirámide de edad de la población afectará tanto al volumen de pensiones y prestaciones sociales, como al tipo de atención integral (física, emocional y cognitiva) que deberá prestarse, y por quién, a este colectivo.En la segunda de las sesiones se debatirán los retos tecnológicos que afectarán al conjunto de la sociedad española y, por tanto, a la Administración del futuro que deberá jugar un papel, además, como impulsor de proyectos de innovación y de inteligencia artificial (IA).Por su parte, en la tercera sesión se analizarán los aspectos filosóficos, antropológicos y culturales que condicionarán a la sociedad de los próximos años y que, por tanto, también marcarán el adecuado funcionamiento de cualquier Administración responsable.La dirección de este ciclo y moderación de las sesiones está a cargo de Mario Garcés, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide y de Manuel Fresno, Interventor-Auditor del Estado en excedencia.