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La salud mental se define como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad" (Organización Mundial de la Salud, OMS). Constituye un derecho de toda persona al disfrute del ”más alto nivel posible de salud”, que debe estar garantizado por las acciones en salud pública. Las dificultades y trastornos relacionados con la salud mental tienen presencia en diferentes planos que conciernen a los derechos humanos y a los sistemas de salud y de servicios sociales y, en su intersección, al espacio socio-sanitario.

La prevención de los problemas de salud mental constituye un reto social de primer orden y conduce necesariamente a ratificar la importancia de su detección y atención lo más precoz posible y el papel que en ese proceso juega la atención primaria.

La situación social y sanitaria que ha generado la pandemia por el COVID-19 ha afectado a toda la población. Pero, como en la mayoría de las crisis sociales, afecta especialmente a las personas más vulnerables tanto en lo físico, como en lo psicológico y en lo social, más aún en estados de precariedad laboral y cuando no se dispone de redes de apoyo comunitarias o familiares.

La pandemia ha actuado como desencadenante de situaciones de gran estrés existencial incrementando las demandas de atención y ha evidenciado las posibles carencias de los sistemas y de los recursos de los que se dispone (tanto a nivel social como individual). Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el Estado español, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, el mayor porcentaje, un 43,7%, por ansiedad y un 35,5% por depresión.

Una encuesta de la OMS realizada a mediados de 2020 mostraba claramente que los servicios de atención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se habían visto considerablemente interrumpidos durante la pandemia.

Como dato que exige una profunda reflexión, en Euskadi en 2020 los suicidios aumentaron un 27,2% con respecto a 2019 y 187 personas se quitaron la vida el pasado año.

Por tanto, entre los retos que hay que abordar, es preciso trabajar en la sensibilización de la sociedad y en la erradicación del estigma, y atender la prevención y detección precoz de cualquier dificultad o problema, para evitar su agravación o que pueda dar lugar a que la persona llegue a poner en peligro su propia vida.

Este Curso de Verano pretende, partiendo del estado en el que se halla la salud mental en el momento presente, analizar las fortalezas y debilidades del modelo de atención a la salud mental en Euskadi. También está orientado a detectar factores clave en la atención de la salud mental, fundamentalmente la anticipación, la detección de riesgos y su control, la accesibilidad a los servicios, las relaciones y coordinación entre profesionales y la derivación a los recursos especializados, así como el diálogo con otros agentes y con la propia comunidad. En este sentido, interesa analizar las políticas públicas dirigidas a los colectivos diana y la situación de sus derechos.