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Este mes entra por fin en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La promulgación de esta nueva norma estaba inicialmente justificada en la necesidad de transponer al ordenamiento interno las directivas comunitarias de 2014, en lo que el Reino de España acumulaba ya una cierta demora. El legislador, con buen criterio, ha optado, sin embargo, por llevar a cabo una actualización de mayor calado al texto legal hasta el momento vigente. La tramitación del proyecto de ley se ha desarrollado durante casi todo un año.

La nueva ley muestra una especial sensibilidad hacia la apertura de la contratación pública a las pequeñas y medianas, estableciendo mecanismos que les permitan acceder a los contratos en competencia con las grandes corporaciones. De otro lado, regula la ley con especial celo el desarrollo de los procedimientos, en pos de garantizar la efectiva aplicación de los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades; se intenta simplificar los procedimientos de adjudicación y se incorpora al ordenamiento interno doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversas materias, como el régimen de la modificación de los contratos.

La nueva norma incorpora numerosas menciones a los aspectos sociales a tener en consideración tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos, como en la fase de su ejecución, por lo que parece oportuno dedicar un apartado concreto a este aspecto.