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La actividad administrativa conlleva la ocupación de terrenoscuya titularidad puede no corresponder a quien laAdministración consideró propietario, muchas veces incluso elpropio organismo que actúa. La invasión de suelo ajeno sin eltítulo legítimo genera un daño y una quiebra de los derechosdel afectado, que exige un procedimiento de regularización. Enocasiones, la discusión sobre la propiedad deriva lacompetencia a la jurisdicción civil. Por otra parte, la vía de hechoes un vicio recurrente en la ejecución de proyectos y lajurisprudencia ha evolucionado en los últimos años afinando ladoctrina de aplicación, tanto en el ámbito civil, comocontencioso-administrativo. Tras la aprobación de la DisposiciónAdicional de la LEF, establecida por la Ley 17/2012, de 27 dediciembre, la recentísima Sentencia nº 985/2018, de 12 junio, dela Sala 3ª del Tribunal Supremo ha destacado las pautas para suinterpretación. Es el momento de analizar los aspectos prácticosde la defensa administrativa y la reclamación de los afectados enesta materia, desde una perspectiva doctrinal y casuística.