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El bosque es mucho más que un conjunto de árboles, plantas y animales.

Es un ecosistema, un hábitat de seres vivos vegetales y animales que alberga y conserva la biodiversidad. Proporciona bienes y servicios con su gestión de forma responsable, para millones de personas. Regula los flujos hídricos y asegura la protección contra la degradación del suelo.

Y, además, el bosque absorbe el dióxido de carbono en su biomasa y libera el oxígeno. La fotosíntesis permite respirar a la especie humana. Son nuestros pulmones. Los bosques y los océanos son las fábricas que purifican el medio ambiente del planeta.

Es necesario repensar los bosques y los árboles, no solo para ser protegidos sino como sujetos para ser respetados. Son ellos los que nos protegen ante el cambio climático. La responsabilidad de la especie humana ante la destrucción a la que estamos asistiendo hace que su protección sea una obligación ética.

Y el Derecho, con sus leyes y sus normas, es un instrumento para, dada su transcendente utilidad pública, convertir a los bosques, que son un bien común, en titulares de derecho de protección. El derecho civil, el administrativo y el medioambiental, con sus normas generales, autonómicas, forales o municipales, deben acrecentar su salvaguarda. Pero el bosque como objeto de tutela jurídico penal significaría su protección jurídica más efectiva. El código penal no contempla como delito, a excepción de los incendios, las acciones que destruyan, roturen, deforesten, talen o eliminen total o parcialmente un bosque. Conseguirlo es una tarea pendiente.