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Análisis y estudio de las figuras jurídicas relacionadas con la delación y la Justicia penal: el denunciante anónimo, el "whistleblower" -empleado o funcionario que comunica irregularidades y delitos cometidos en su ámbito laboral-, el confidente policial, el agente policial infiltrado, el testigo protegido, o el "testigo de la corona" o "colaborador eficaz con la Justicia".

Examen de la legislación (tanto nacional como de Derecho comparado y a nivel supranacional) y de la jurisprudencia existentes sobre tales figuras: antecedentes históricos, panorámica actual, tendencias internacionales y propuestas de lege ferenda en materia.

La figura del delator ha sido históricamente repudiada por la Justicia, quizás por su asimilación en el imaginario social y colectivo con la traición a Jesucristo, y por tanto, como sinónimo de chivato o traidor. La delación secreta siempre ha sido un instrumento excepcional a la hora de obtener información en la investigación criminal. De ahí que, en España, las denuncias anónimas no están oficialmente permitidas; no existe regulación alguna sobre el confidente policial; el uso de agentes encubiertos resulta muy excepcional, y los beneficios que pueden llegar a recibir los arrepentidos también son tasados.

No obstante, el sistema jurídico español ha ido introduciendo, de forma tímida y dispersa, ciertas reglas para tolerar y emplear esa información procedente de fuentes confidenciales o para justificar el tratamiento jurídico premiado del arrepentido, delator, soplón o Whistleblower.

En un contexto social marcado por los múltiples casos judiciales relacionados con la corrupción institucionalizada (caso noos, lezo, púnica, palau, Eres, gürtel,...), comienza a comprenderse la necesidad e importancia de servirse de esa información en manos de sujetos (funcionarios atemorizados, tesoreros, cabecillas de las tramas criminales, etc) que, de una u otra manera, se desea que colaboren con las autoridades y faciliten esa vital información para las causas judiciales. Y para ello, y frente a una normativa escasa y fragmentada, están siendo los tribunales los que por vía jurisprudencial comienzan a intepretar el Derecho en el sentido de ofrecer "incentivos" a los delatores (tolerancia de denuncias anónimas, validez de testimonios de testigos ocultos y anónimos, aplicación de atenuantes analógicas de confesión tardía, etc).

El presente Curso tiene por principal objetivo profundizar en el estudio de esas figuras jurídicas relacionadas con la delación: desde el ciudadano que desea preservar a toda costa su identidad (denunciante anónimo o testigo protegido), el empleado o funcionario que desea colaborar con las autoridades pero teme ser represaliado por sus compañeros o dirigentes (el whistleblower), el agente policial que se infiltra en la organización criminal, o el mejor modo de incentivar al arrepentido a que "tire de la manta" y se preste a colaborar con las autoridades.

Para ello, se ofrece al alumnado la posibilidad de especializarse en dicha materia a través del examen legislativo (tanto nacional como a nivel supranacional) y del análisis de la jurisprudencia existentes sobre tales figuras, tanto por los órganos jurisdiccionales internos como por otros tribunales supranacionales (i.e., el TEDH) y comprender la panorámica actual y de lege ferenda en materia

Metodología docente:

En cada uno de los módulos se abordará el examen de una de las fuentes o temas a través de la Lectura de textos especializados, jurisprudencia ("Leading cases") nacional e internacional, así como de normativa supranacional y de Derecho comparado para su confrontación con el ordenamiento jurídico español, complementado en ocasiones con videograbaciones o sesiones presenciales. A cada módulo le seguiría la realización de una tarea por parte del alumnado (examen crítico de una sentencia; comparativa de leyes; etc.) y habrá una evaluación final consistente en un dictamen jurídico sobre el tema central del curso.