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Ponentes:

•  Juan Miguel del Moral, Director de Regulación y Cumplimiento de ASNEF
•  Cristina Sanz Blas, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm.8 de Madrid

Moderador:

•  José Amérigo Alonso, Socio de PwC Tax & Legal, Letrado del Consejo de Estado en excedencia, Consejero Académico de Fide

Objetivos:La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia incorpora importantes novedades procesales, entre las cuales destaca la regulación de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias en vía no jurisdiccional (por sus siglas, MASC), que engloban cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar un remedio extrajudicial a su disputa, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.A raíz de esta reforma, con carácter general, para que sea admisible la demanda en el orden jurisdiccional civil se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún MASC, incluyendo la mediación, la conciliación, la opinión neutral de una persona experta independiente, la formulación de una oferta vinculante confidencial o cualquier otro tipo de actividad negociadora desarrollada por las partes o entre sus respectivas defensas letradas bajo sus directrices y con su conformidad. Entre las limitadas excepciones a esta regla general, no se han incluido los procedimientos monitorios ni se ha incorporado especialidad alguna para cuando el objeto de controversia sea una reclamación de cantidad, derivada de una deuda líquida, determinada, vencida y exigible.En este contexto cabe debatir qué papel desempeñan los previos requerimientos de pago y su eventual virtualidad para tener por satisfecho el requisito de procedibilidad, en función de las circunstancias, el modo de probar su remisión y recepción por el deudor y su contenido. Todo ello de cara a reflexionar sobre el impacto de la reforma legislativa en la operativa habitual de entidades en cuya dinámica de negocio se ven abocadas con frecuencia a entablar reclamaciones dinerarias, desde entidades financieras a prestadoras de servicios básicos como las telecomunicaciones, pasando por los administradores de créditos.