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La crisis sanitaria del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha generado nuevas situaciones que han cambiado nuestro día a día. Son incontables los interrogantes en torno al impacto económico, jurídico y ético que ha provocado la crisis sanitaria del COVID-19 a escala global. Esta pandemia supone en un presente y futuro cercano graves consecuencias económicas y financieras en las empresas de nuestro entorno; sin entrar a valorar otra serie de implicaciones conexas como son la desigualdad, la falta de liquidez, la pobreza, la pérdida de empleos, entre otros. Por lo que hace a la crisis empresarial, es sabido que desde una vertiente legal tenemos como paliativo de la misma la legislación concursal, si bien esto no significa que ésta per se, se convierta en la panacea para solventar todas las situaciones, sino que más bien hemos de apoyarla con otra serie de medidas: laborales, fiscales, de política macro y micro-económica para poder resolver de forma certera dichas situaciones. La reglamentación en materia concursal no solo tiene que encontrarse preparada para enfrentar las solicitudes masivas de deudores a procedimientos de insolvencia, sino que debe innovar y dar alternativas específicas a las urgentes necesidades de refinanciamiento de las empresas, como proporcionar prevención, prontitud, celeridad y modernizar sus procedimientos de acuerdo con las limitaciones interpuestas por los gobiernos para frenar los contagios. Además, nos encontramos en pleno proceso de transición normativa deriva de la publicación en julio de 2021 del Anteproyecto de ley concursal con ocasión de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, ahora proyecto de Ley, enero 2022 en tramitación parlamentaria.