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El programa de Responsabilidad Social Corporativa, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, implica la asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de un compromiso ético, especialmente dirigido a la ciudadanía, la educación y los menores y la igualdad de género, directamente relacionado con la tutela del derecho fundamental a la protección de datos. Iniciativa que se ha proyectado con una acogida favorable en distintos países latinoamericanos.

La aplicación práctica del modelo de cumplimiento y supervisión del Reglamento General de Protección de Datos han generado importantes novedades en las bases jurídicas del tratamiento de datos, especialmente respecto del consentimiento y el interés legítimo; en la tramitación de reclamaciones, tanto mediante medidas correctivas como mediante la imposición de importantes sanciones económicas, así como en la promoción de sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta. Y también en la aplicación del Reglamento a nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el Big Data, las redes 5G, el internet de las cosas o el blockchain. Lo que ha exigido una respuesta que garantice una aplicación coherente de la norma en el ámbito de la Unión por parte del Comité Europeo de Protección de Datos.

Por su parte, la sentencia del STJUE sobre el caso Schrems 2 ha marcado novedosos criterios con importantes consecuencias prácticas para la realización de transferencias internacionales de datos a terceros países sin nivel adecuado de protección.

La interrelación entre el Reglamento y la normativa reguladora de la publicidad online y de las cookies y otras tecnologías similares ha generado la necesidad de ofrecer unas orientaciones prácticas que faciliten su cumplimiento, lo que ha dado lugar a la publicación de una guía elaborada por la Agencia en colaboración con la industria.

En el ámbito de la pandemia de la COVID-19, las iniciativas relacionadas con la emisión de certificados interoperables que garanticen la libre circulación dentro de la Unión Europea han generado un debate sobre su base jurídica, la finalidad de dichos tratamientos a nivel europeo y sus posibles usos secundarios por parte de los Estados miembros, centrado en la necesidad de evitar situaciones de discriminación.

El programa se dirige a un elevado número de alumnos con el siguiente perfil: empresas, administraciones públicas, profesionales, investigadores e interesados en la materia.