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El presente Curso aborda el estudio del Poder Judicial en el Siglo XXI. En un momento de gran crispación, los tribunales de justicia han adquirido una enorme importancia, y un gran protagonismo, que se seguirá manteniendo durante mucho tiempo, puesto que tienen asignadas atribuciones relativas a la garantía de los derechos, de la separación de poderes y del cumplimiento de la ley. A la vez, se enfrenta a grandes retos de modernización y transparencia.

El Poder Judicial, el único al que se designa como poder en nuestra Constitución, ha asumido un papel protagonista como consecuencia de la conformación actual del Estado como Estado de partidos, en el que se observa cierta “confusión" entre legislativo y ejecutivo, que hace que el Parlamento y el Gobierno se hayan convertido en una suerte de subestructuras de las decisiones de los partidos políticos. En esta situación, el Poder Judicial se ha convertido en el eje fundamental del Estado de Derecho.

Para la realización de las funciones que le han sido asignadas, se ha hecho necesario dotar al Poder Judicial de una serie de garantías que determinan, al mismo tiempo, su legitimidad. Aunque, en sentido profundo puede decirse que el Poder Judicial nace de la necesidad de justicia, dignidad y libertad de un pueblo, y , por tanto, reside en él, el Poder Judicial está, exclusivamente en manos de jueces y magistrados que lo ejercen con una total independencia y con un objetivo inexcusable: la aplicación de la ley con el fin de que la justicia sea una realidad; y es que, a diferencia de los otros poderes, legitimados por tener su origen en la soberanía popular, el Poder Judicial no se legitima por la designación popular de sus miembros, a pesar de que como ha indicado el artículo 117.1 CE,  la justicia, emane del pueblo, sino por el ejercicio de la función que le ha sido encomendada de acuerdo con unos determinados requisitos.