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Ponente: Ricardo Bodas Martín, Magistrado emérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Consejero Académico de Fide

Moderador: Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados. Consejero Académico de Fide

Objetivos:En esta sesión abordaremos las herramientas y mejoras técnicas destinadas a agilizar y optimizar la respuesta del sistema judicial frente a la creciente demanda social de justicia. Se analizará el uso de las sentencias orales como un mecanismo para acelerar los procesos judiciales, así como las mejoras técnicas necesarias para garantizar la interrupción de la prescripción y la suspensión de la caducidad en los procedimientos legales. Asimismo, se estudiará el impacto de imponer multas en pretensiones temerarias, con el fin de reducir la litigiosidad artificiosa que sobrecarga los tribunales.Otro aspecto clave será el señalamiento separado de los actos de conciliación y juicio, promoviendo una nueva cultura de la autocomposición y facilitando la avenencia voluntaria entre las partes. En este contexto, se analizará el papel del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) en los procesos conciliatorios, destacando su relevancia en la resolución alternativa de conflictos. Además, se abordará la necesidad de anticipar la prueba documental y pericial, identificada como una asignatura pendiente en el ámbito procesal.Por otro lado, se presentarán las novedades en el recurso de casación, incluyendo la introducción del interés casacional objetivo y su incidencia en los recursos promovidos por el Ministerio Fiscal para la unificación de doctrina. Se profundizará en los cambios relativos a la tramitación y admisión del recurso de casación, así como en las precisiones necesarias para garantizar una adecuada protección frente a los despidos disciplinarios y objetivos, además de establecer criterios claros para la extinción del contrato a iniciativa de los trabajadores.En definitiva, esta sesión busca ofrecer una perspectiva integral sobre las reformas y herramientas procesales que contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema judicial y fortalecer los derechos de las partes involucradas.