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La reforma del Código Penal de 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que podrán ser condenadas como autoras de un delito, en dos supuestos: (i) cuando alguno de sus administradores o representantes hayan cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica, o (ii) cuando el delito haya sido cometido por alguno de sus empleados, por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre su personal y su actividad.

Las consecuencias de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas pueden ser gravísimas, pues las penas a imponer van desde multa económica hasta la suspensión o cese temporal de la actividad e incluso la disolución de la empresa.

La reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, da un paso más, detallando las medidas concretas de prevención del delito que las empresas deben implantar, e incluyendo una causa de exención de responsabilidad penal para la persona jurídica que haya implementado sistemas de prevención eficaces de forma previa a la comisión del delito.

Todo ello implica que las sociedades están obligadas a adoptar estas medidas de prevención, más conocidas como sistemas o programas de Corporate Compliance, pues será la única manera de eludir futuras responsabilidades penales por hechos cometidos por sus administradores, representantes o empleados. Para esta labor, necesitarán el asesoramiento de abogados especializados en la materia.En consecuencia, el objetivo fundamental de este encuentro es explicar el alcance de la reforma en materia de prevención del delito y cómo deben actuar las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias del Código Penal y prevenir las consecuencias gravísimas que puede acarrearles en un futuro el mero hecho de no tener implantados los sistemas de prevención y control comentados.

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