Responsabilidad penal de los administradores y de las personas jurídicas a las que representan
Conferencia - Derecho Penal (presencial)
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En el nuevo Código Penal se exige expresa y taxativamente a todas las empresas que actúen en el mercado con personalidad jurídica propia diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos de la empresa: compliance Program, y por tanto, de sus administradores, representantes y empleados, así como la creación en las mismas de un órgano dotado de independencia decisoria suficiente como para realizar un efectivo control de la existencia del mismo y de su cumplimiento.
El efecto generado por dicha regulación resulta ser doble: por un lado nos marca los límites de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento jurídico; por otro, nos ofrece una verdadera guía defensiva frente a esa misma responsabilidad criminal, mostrándonos el camino a seguir para evitar que la persona jurídica que administremos o de la que seamos accionistas o partícipes, resulte penalmente responsable por hechos acaecidos en nuestra organización.
La novedad de esta situación sugiere, un conjunto de preguntas de cuya respuesta depende, ni más ni menos, que la exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica:
- ¿Cuándo y en qué circunstancias surge la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
- ¿Cuáles son las penas que les resultan aplicables?
- ¿Qué relación existe entre la responsabilidad de la persona jurídica y la de sus administradores, representantes o personal integrado en su organización?
- ¿Cuáles son las concretas medidas a adoptar en su seno para evitar incurrir en la referida responsabilidad?
- ¿Cómo deben tales medidas ser implementadas en cada persona jurídica para resultar efectivamente exoneratoria de responsabilidades penales?
La jornada que ahora se presenta tienen por objeto, precisamente, dar respuesta a tan relevantes preguntas, desde una perspectiva práctica y concreta, ofrecida por ponentes de reconocido prestigio y abultada experiencia jurídica en el ámbito de la judicatura, la fiscalía y el ejercicio de la abogacía.
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