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El General de Protección de Datos ya está en vigor y será de obligado cumplimiento el 25 de mayo de 2018. A partir de esa fecha todas las empresas europeas deberán haber adaptado sus procesos de tratamiento de datos a la nueva realidad normativa, o podrán ser sancionadas con multas de hasta el 4% de su cifra de negocios anual. 

Atendiendo a los criterios que establece el RGPD y que, según parece, la futura Ley Orgánica de Protección de Datos en España va a ayudar a delimitar, muchas empresas estarán obligadas a nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO), y en otros casos será potestativo.

El DPO será nombrado en función de sus cualificaciones profesionales, entre las que destacará tener experiencia en materia de protección de datos, un entendimiento sólido del Reglamento y la habilidad para cumplir todas las funciones que impone el Reglamento.

Por ello, el Instituto de Estudios Cajasol organiza, en colaboración con Ontier, la Jornada Retos y Funciones del Delegado de Protección de Datos (DPO) ante la aplicación del RGPD con la que se debatirá, con los DPO de algunas de las mayores empresas de nuestro país, sobre los retos que van a desempeñar en esta labor ante la aplicación del RGPD.

Esta jornada está dirigida a Asesores Jurídicos de Empresa, Responsables de Seguridad de Empresa, Administradores y Gestores Societarios y Estudiantes de Derecho.