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Los deepfakes pornográficos representan una grave amenaza para la privacidad y los derechos de las personas, ya que utilizan tecnología de inteligencia artificial, específicamente redes generativas antagónicas (GANs), para manipular imágenes y videos sin consentimiento.

Legalmente, esta práctica viola el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dado que trata datos personales sin autorización, y puede implicar delitos de difusión de imágenes no consentidas, difamación y ciberacoso, siendo especialmente preocupante en casos de violencia de género. Las víctimas, predominantemente mujeres y menores, enfrentan graves daños reputacionales, mientras que los responsables de crear y distribuir estos contenidos, a menudo mediante plataformas digitales, deben responder ante normativas como la Digital Services Act (DSA).

La regulación enfrenta desafíos éticos y técnicos, como la dificultad de identificar a los autores y equilibrar la libertad de expresión con el derecho a la privacidad, requiriendo medidas preventivas tecnológicas y legales más robustas para proteger a las víctimas.