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Ponentes:

• Alejandro Jiménez Marconi, Director Jurídico, Suez-Spain. Director de la Comisión Jurídica, CCIES (Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público).

• José Antonio Morillo-Velarde Del Peso, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, Ministerio de Fomento.

• Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef.

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados., Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos: El Boletín Oficial del Estado del pasado 5 de febrero de 2002 publicó el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados; de planes y fondos de pensiones y del ámbito tributario y de litigios fiscales. En el ámbito de la contratación pública, este Real Decreto-Ley tiene como objetivo superar la situación de incumplimiento en la transposición de las Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, cuyo plazo expiró el 18 de abril de 2016, y que conlleva la posible imposición de multas coercitivas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los procedimientos por incumplimiento que en este momento están en tramitación.El Real Decreto-ley, en materia de contratación en los sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales), introduce algunas modificaciones que aproximan la regulación a lo previsto con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y, por otra parte, matiza algunos aspectos recogidos en la derogada Ley 31/2007. En concreto, se introduce la contratación electrónica obligatoria, se incorporan también las disposiciones correspondientes al contrato de concesión de obras y al nuevo contrato de concesión de servicios, y se trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, y promoción de las PYMES.La sesión tiene por objeto analizar estas novedades y los elementos esenciales de la nueva regulación.