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Ponentes:

• Antonio Rodríguez Castaño, Socio Director, Rodríguez Castaño Abogados. Letrado del Tribunal de Cuentas (excedente)

• Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal. Socio Director, Rodríguez Ramos

Moderador: Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid. Oliva - Ayala Abogados-OTRI. Codirector del Foro y Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos En el marco del llamado Derecho penal económico se incluyen delitos de corrupción que afectan a fondos públicos, cuyos tipos penales pueden calificarse de “leyes penales en blanco” o, al menos, de contener elementos jurídico-normativos, que desde la perspectiva procesal son “cuestiones prejudiciales” a resolver en la propia jurisdicción penal (art. 10 LOPJ), pues la conducta delictiva incluye como condicio sine qua non la vulneración de normas no penales que regulan la gestión de fondos públicos, concretamente las Leyes tributarias, la Ley general de subvenciones, la Ley de contratos del Sector Público o la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos.Todas esas normas, las presupuestarias o administrativas, son normas especializadas que suelen superar la presunción iura novit Curia, pues los operadores del procedimiento penal (unidades policiales de investigación, el Ministerio Fiscal, los abogados defensores e incluso los Jueces y Magistrados) no suele existir expertise en la materia, lo cual ha sido apreciado por esos mismos operadores, dando lugar al debate sobre las posible soluciones y así se ha hablado de la creación de órganos jurisdiccionales dedicados en exclusiva a este tipo de casos o de la admisión de pericias “jurídicas”, como ya es habitual en los casos de delitos tributarios y urbanísticos.En esta sesión pretendemos reflexionar sobre este asunto, partiendo de las experiencias profesionales de los ponentes desde el ámbito penal y el de la gestión de los fondos públicos y la necesaria colaboración/participación de los mismos en esas defensas.