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Ponentes:

• Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

• Antonio Ramón Rodríguez Castaño, Socio Director, Rodríguez Castaño Abogados. Letrado del Tribunal de Cuentas (excedente)

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Objetivos La situación derivada de la incidencia del COVID-19 hace que sea especialmente necesario allegar fondos para la inversión en el sector público y una de las fórmulas utilizadas en los países de nuestro entorno es la colaboración público-privada.

Ya señaló el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe especial “Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados”, la insuficiencia de la regulación de la colaboración público privada en España y ello es ahora más acusado al haber desaparecido la regulación del contrato de CPP en la nueva LCSP de 2017.La gestión privada de lo público no hace que este desaparezca, un servicio público puede gestionarse a través de técnicas privadas sin que su “publificación” sufra en absoluto. Debe desideologizarse la decisión de gestión de los servicios públicos y basarse únicamente en criterios de eficacia, como por otro lado exige nuestra Constitución. Debe avanzarse en esta cuestión, incluso mediante el planteamiento de modificaciones legislativas, en el campo de la CPP y de las llamadas remunicipalizaciones.