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La Ley 18/2011, de 5 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, supuso un gran avance en cuanto a la tecnificación de esta esencial parcela del quehacer público, a pesar de las dificultades que concurrieron en su implantación, pero lo cierto es que su implementación ha puesto de manifiesto importantes disfuncionalidades y carencias que dificultan su implantación. El desarrollo del congreso tiene la vocación de afrontar cualesquiera problemas jurídicos derivados de la tecnificación y la innovación en la actividad judicial, pero sistemáticamente los mismos se pueden englobar en torno a cuatro grandes ejes. En primer lugar, la incidencia de la tecnología en el proceso judicial, lo que implica fenómenos muy diversos, desde las grabaciones a la valoración de la prueba o el llamado expediente judicial electrónico. Este último suscita importantes retos desde el punto de vista jurídico, entre los que cabe destacar tanto su integración, o la garantía debida a la confidencialidad o la integridad en las relaciones telemáticas que se establezcan con abogados y procuradores o la interoperabilidad de las aplicaciones. En este contexto, tal vez adquieran especial relevancia los problemas derivados de las comunicaciones entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos. Todos estos aspectos suscitan problemas desde el punto de vista de las garantías ínsitas al proceso judicial.

Otro eje vendría integrado por la gestión y el acceso a la información judicial, especialmente desde la perspectiva TICs. La difusión y el alcance de las posibilidades de acceso a la información judicial son una de las claves modernas del Estado de Derecho, suscitando importantes cuestiones problemáticas no sólo desde el prisma de la protección de datos personales o el derecho al olvido (en conexión, a veces, con la orientación constitucional hacia la reinserción como fin primordial de la pena), sino asimismo de participación de la sociedad en la Justicia o desde la perspectiva de los límites a la transparencia en este sensible ámbito. La protección de datos adquiere singular importancia en este tiempo, en que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, se encuentra próximo a su entrada en vigor.

El tercer eje del congreso giraría en torno a lo que ha dado en llamarse el Gobierno Abierto, cuya materialización depende en una medida muy considerable del grado de implementación de las TICs en el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia. En efecto, al igual que sucede con la transparencia y el derecho de acceso, del mismo modo que se ha inaugurado (al menos legalmente) un modelo de reutilización y apertura de datos por parte de las organizaciones dependientes de los restantes poderes del Estado, una Administración de Justicia moderna y al servicio del ciudadano puede ser un vehículo privilegiado para la puesta en marcha de iniciativas 

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2016