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Ponentes:

• Jimena Campuzano Gómez-Acebo, Registrador de la Propiedad y miembro de la Comisión de Innovación del Colegio de Registradores.

• Yolanda Ríos, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona.

Moderador: Vicente J. García Gil, Consejero Delegado de Dictum Abogados. Presidente de FIFED. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Objetivos: En la Era de la "Cuarta Revolución Industrial", la tecnología blockchain permite, en conjunción con los llamados contratos inteligentes ("smart contracts") la posibilidad de formalizar negocios jurídicos basados en una correspondencia entre ciertos activos digitales, creados a modo de fichas o unidades de valor (los llamados "tokens"), y aquellos activos, ya sean tangibles o intangibles, existentes con anterioridad, tales como bienes inmuebles, acciones o participaciones societarias, o derechos de propiedad industrial (patentes o marcas). En la presente sesión, abordaremos el estudio de los problemas jurídicos que plantea el proceso de conversión de los derechos sobre un determinado bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad en un "token" digital, y la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley Hipotecaria que regulan la transmisión del dominio y demás formalidades legales. El punto de partida es que el conjunto de bondades de la llamada "cadena de bloques", como base de datos descentralizada inmutable y veraz, depende en su origen de la autenticidad de los datos anotados, pues sólo así se garantiza la debida correspondencia entre el mundo real y el mundo virtual. Existe, por tanto, un aspecto relevante, que afecta al valor probatorio de la "blockchain". Otras cuestiones problemáticas derivadas del proceso de tokenización de activos inmobiliarios aluden a la necesidad de dotar de garantías jurídicas a este tipo de contratación, y en concreto se requiere buscar una solución a los supuestos en los que se produce de robo o pérdida del "token", determinar qué jurisdicción va a ser la competente en un escenario de contratación mundial globalizado, abordar prácticas legislativas uniformes en la Unión Europea, y muy particularmente cuál va a ser papel del Registro de la Propiedad como "oráculo" que incremente la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario.