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La protección de la libre competencia empresarial es un principio transversal e inspirador de la legislación de contratación pública y está presente de forma indirecta en el resto de principios que la informan, incluyendo los de libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos y los de no discriminación e igualdad de trato de los candidatos. Este principio de libre competencia ha introducido importantes novedades en los procedimientos de contratación administrativa que deben ser tenidas en cuenta por parte de los órganos de contratación. En este sentido, por un lado, la Ley de contratos del sector público (LCSP) prevé una serie de medidas de reacción ante posibles indicios de colusión en los procedimientos de licitación pública, de tal modo que los órganos de contratación tienen la obligación de iniciar un procedimiento específico ante la detección de tales indicios por parte de las empresas que acuden a licitaciones públicas. Por otro lado, la posible declaración de prohibiciones de contratar por infracciones de competencia ha generado toda una serie de cuestiones jurídicas que deben ser tenidas en cuenta, tanto por los órganos de contratación, como por los operadores económicos en la tramitación de las licitaciones públicas.

Este webinario puede ser de especial interés para el personal que, dentro de los grupos de personas destinatarias indicadas en la base segunda, forme parte de unidades u órganos de contratación o ejerza funciones relacionadas en este ámbito.

Segunda. Personas destinatarias

Esta actividad está dirigida al personal empleado público, en situación de servicio activo o asimilada, de la Administración autonómica gallega, de sus entidades públicas instrumentales y de la Administración institucional; de la Administración local, de la Administración de justicia y de las universidades del Sistema universitario de Galicia.