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Managing Risk in the Digital Society será el tema central del XIII Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (Barcelona, 29-30 de junio de 2017). Desde los años noventa el concepto de sociedad del riesgo ha penetrado con fuerza en muchos ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades. Desde el derecho y la ciencia política, la sociedad del riesgo ha sido un concepto que ha vehiculado el análisis de los riesgos inherentes a la sociedad contemporánea y cómo estos son objeto de regulación. Con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ha producido un cambio profundo en esta sociedad del riesgo. Las TIC están estrechamente relacionadas con el riesgo, ya que estas son tanto generadoras de riesgos como medios para evitarlos. El reto que tenemos ante nosotros es pues el de gestionar los riesgos inherentes a la era digital.

En el momento en que nació el concepto de sociedad del riesgo de la mano de Beck y Giddens, Internet y las TIC se encontraban en un estadio de desarrollo embrionario. Sin embargo, ya entonces se intuía que las TIC serían uno de los campos paradigmáticos en cuanto al aumento de la complejidad de la modernidad. Pasadas tres décadas desde la irrupción de este concepto y de cómo ha permitido el estudio y la gestión del riesgo, se hace necesario abrir un debate profundo sobre el estado actual de la gestión del riesgo en la sociedad digital.

Es necesario, pues, que analizar las TIC como generadoras de nuevos riesgos y valorar cómo la sociedad los está afrontando, de la misma manera que es necesario reflexionar sobre cómo las TIC han influido en la percepción y tratamiento de los riesgos sociales.

¿Qué usos de la tecnología se asocian a determinados riesgos? ¿De qué modo percibe la sociedad los riesgos, nuevos y tradicionales? ¿Los riesgos son una oportunidad para el cambio y la mejora social? ¿Cómo los prevenimos y quién está legitimado para regularlos y establecer los límites? Estas y otras cuestiones serán objeto de debate en el seno del congreso.

El desarrollo general de Internet y la irrupción en concreto de los datos masivos (big data) o del internet de las cosas han supuesto un paso adelante clave para el desarrollo de la sociedad en cuestiones como la salud, la seguridad, la calidad de vida, el ahorro de tiempo y energía o el apoderamiento ciudadano que ha supuesto múltiples beneficios —grandes y pequeños— a la humanidad. Sin embargo, son numerosos los usos de las TIC que de forma más o menos inmediata pueden plantear conflictos en relación con los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión y de información, o incluso nuevos derechos configurados en el seno de esta sociedad del riesgo tecnológica, como el derecho a la autodeterminación informativa.

Habría que preguntarse hasta qué punto los actores privados, principalmente las grandes multinacionales, pueden determinar las nuevas reglas y límites del desarrollo de las TIC. Asistimos a un fenómeno creciente de autorregulación donde determinados sectores fijan los propios códigos de conducta y remiten a arbitrajes la resolución de los posibles conflictos. ¿Se está socavando con estas medidas la legitimidad democrática? ¿Cuál debe ser el límite infranqueable respecto a la autonomía reguladora de los actores privados? ¿Puede el mercado fijar sus propias normas, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos vendrán determinadas por lo que la tecnología permite hacer? Por otra parte, ante estas nuevas percepciones del riesgo, el legislador ha ido expandiendo el derecho penal para dar una respuesta rápida a la gestión de este riesgo minando las garantías hasta ahora intrínsecas a los sistemas penales del estado democrático y de derecho.

Una sociedad cada vez más global genera riesgos nuevos que necesitan de una respuesta política, desde los retos medioambientales hasta la gestión de fenómenos como la migración, el terrorismo o la creciente desigualdad. Asimismo, el mundo digital ha acelerado los procesos de transformación política, presionando hacia una sociedad cada vez más interconectada pero a la vez desconectada de sus principales instituciones políticas, lo que plantea nuevos y numerosos interrogantes. Las TIC han abierto espacios públicos que obligan a repensar el monopolio de los actores políticos tradicionales y su relación con el ciudadano. Los medios digitales han fragmentado y revolucionado el panorama de la comunicación más allá de los generadores habituales de opinión pública. Internet ha dado paso a nuevas formas de contestación y protesta más allá de las fronteras físicas y ha permitido la articulación de nuevas fuerzas políticas que cuestionan el orden establecido. Fenómenos como Wikileaks han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema a la hora de retener el secreto y el control de la información. En definitiva, el mundo digital abre nuevos espacios y oportunidades para replantear el orden político actual a la vez que acentúa los riesgos y las incertidumbres.

Las doce ediciones anteriores han consolidado el Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y la política. Muestra del carácter internacional del congreso es la participación de destacados académicos e investigadores internacionales en anteriores ediciones, entre otros: Benjamin Barber, Hugh Beale, Lance Bennett, Céline Deswarte, Lilian Edwards, Jane C. Ginsburg, James Grimmelmann, Mireille Hildebrandt, Bert-Jaap Koops, Henrik Kaspersen, Greg Lastowka, Fred von Lohmann, Ronald Leenes, Alessandro Mantelero, Helen Margetts, Chris Marsden, Ricard Martínez Martínez, Juan José Medina Ariza, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Daniele Quercia, Stefano Rodotà, Gerald Spindler, Alain Strowel, Cécile de Terwangne, Julián Valero, Wim Vanobberghen, John Vervaele, Duncan Watts, Raquel Xalabarder y Jonathan Zittrain.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía 2016-2017